PRESENTACIÓN

Demanda del Gobierno de México en contra de empresas de armas en Estados Unidos 

Desde el ámbito de la política exterior, está en marcha una estrategia multifacética del Gobierno de México para contribuir a frenar la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a los cárteles, que provocan el derramamiento de sangre en México y que contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

 Una de las aristas de esta estrategia es el desarrollo de litigios estratégicos de naturaleza civil en las cortes federales estadounidenses. Al momento, se han presentado dos demandas: 

• Demanda en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas sometida ante la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts (4ago21). 

• Demanda en contra de puntos de venta de armas sometida ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona (10oct22). 

Estas demandas no son en contra del Gobierno de los Estados Unidos. Tampoco cuestionan el derecho constitucional a portar armas de los ciudadanos estadounidenses otorgado por su Segunda Enmienda ni el derecho de la industria de armas a vender sus productos de manera responsable y en apego a la ley. La demanda involucra una causa común de ambos países cuyos ciudadanos sufren por las prácticas ilícitas de empresas que forman parte del sector armamentístico.

Mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia por la negligencia de las empresas que fabrican, distribuyen y venden armas que facilita su tráfico ilícito a nuestro país, la demanda de Tucson atiende un ángulo específico en este fenómeno: la venta de armas que llevan a cabo los vendedores de armas a prestanombres para que las usen organizaciones criminales en México.

En el ámbito internacional, México se ha distinguido por sus acciones en materia de desarme. Durante la presente administración, se ha identificado que las acciones gubernamentales para favorecer un comercio responsable de armas, se ven limitadas si los actores privados que participan en la industria armamentística no se conducen con debida diligencia y con pleno respeto a los derechos humanos. Es por ello, que desde el ámbito legal, se han emprendido distintas acciones que buscan promover prácticas responsables en el sector.

En este sentido, los litigios de Boston y Tucson forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de México para combatir el tráfico de armas. La refuerza y complementa al incluir el eslabón que faltaba: la responsabilidad corporativa. Expertos e instituciones destacados han reconocido el valor y las implicaciones de estas demandas, más allá del corto plazo y del ámbito regional.

En este repositorio se compilan y publican los principales documentos y materiales relacionados con estas demandas, en respuesta al interés que han mostrado académicos, periodistas, funcionarios, miembros de la sociedad civil y personas involucradas en temas de derecho internacional, tráfico de armas y violencia con armas de fuego. Por su relevancia e implicaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores extiende una cordial invitación a  explorar el repositorio y dar seguimiento a los litigios que a continuación se desglosan.